“Ilegal, arbitraria y contradictoria”. Con esas palabras describe el presidente del gremio que agrupa a los desarrolladores de proyectos de subdivisión agrícola (Chile Rural), Patricio Álvarez, la nueva normativa lanzada el pasado lunes por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

La entidad ligada al Ministerio de Agricultura (Minagri) anunció que, a partir del 21 de agosto, comenzarán a regir los cambios en la normativa para la Certificación de Proyectos de Subdivisión de Predios Rústicos (SPR), con el objetivo de mejorar la eficiencia y rapidez de este proceso, cambios que permitirán una “tramitación más ágil y simplificada, beneficiando a los propietarios de terrenos rurales”.

Sin embargo, el líder gremial no mira con los mismos ojos esta nueva resolución. ¿La razón? Álvarez recalcó que, a pesar de que la normativa tiene algunos aspectos positivos, ésta tiene un problema de fondo, ya que el servicio no debería insistir en regular las parcelaciones vía administrativa.

“La normativa va absolutamente por el camino incorrecto. El camino correcto es el proyecto de ley, ésta es una materia que no se debe regular administrativamente, y el SAG lo está haciendo nuevamente. Cualquier regulación, circular, resolución exenta u oficio que saque el SAG por la vía administrativa es ilegal y arbitraria, porque no está de acuerdo con la ley vigente”, enfatizó Álvarez.

El presidente de Chile Rural agregó que este diseño es “súper contradictorio, ya que por un lado salen los ministros de Agricultura y Vivienda diciendo que este problema se va a tramitar a través de un proyecto de ley y, por el otro lado, tenemos al director del SAG anunciando esta nueva resolución exenta. Al final, nadie entiende nada”.

Hitos de la normativa

En detalle, la resolución ingresada por el SAG contempla la incorporación de la figura de un tercero autorizado -persona natural o jurídica externa al servicio, pero reconocida y aprobada por éste- que deberá ser contratado por quien desea realizar el trámite de SPR, cuya función será examinar la solicitud para garantizar que cumple con todos los requisitos técnicos y de admisibilidad exigidos, emitiendo un informe de verificación antes de proceder a su presentación ante el SAG y de este modo acelerar su tramitación.

Respecto a esta nueva figura, Patricio Álvarez detalló que lo encuentra “bastante raro”, ya que se puede prestar para malas interpretaciones entre el mandante, la institución y el tercero autorizado.

“Es raro que el SAG le permita a un tercero tramitar cosas que son finalmente pertinencia del servicio. Acá se están tratando de sacar trabajo encima, y eso no me parece bien. En vez de fortalecer los servicios para poder cumplir con los tiempos que están estipulados, le traspasan la responsabilidad a un tercero que es financiado por el mandante”, argumentó el líder gremial.

Otra de las modificaciones contempladas en la nueva normativa corresponde a la simplificación del proceso de revisión a una sola etapa, considerando una única revisión completa de antecedentes y planos. Desde el gremio ven razonable esta medida, debido a que encuentran que el mecanismo de hoy en día no tiene mucho sentido. “Tú ingresas los antecedentes a etapa uno, te mandan observaciones, los vuelves a reingresar, después te pasan a etapa dos. Entonces que se simplifique en una sola etapa es bien razonable, eso lo hace más expedito”.

Sin embargo, el presidente de Chile Rural enfatizó que esta medida, a pesar de que sea muy necesaria para la industria, se debería implementar en el proyecto de ley, no vía resolución exenta como lo hizo el SAG.

Finalmente, el gremio detalló que está analizando minuciosamente la nueva normativa lanzada por el SAG, y en paralelo están estudiando los distintos caminos que pueden tomar para hacer frente a esta resolución, donde incluso están barajando lo judicial.

“Pero no tenemos nada concreto todavía, queremos saber bien qué tenemos enfrente para decidir qué camino vamos a tomar”, concluyó Patricio Álvarez.